El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga estima el recurso presentado por los servicios jurídicos de SIP-AN a un policía local y obliga al Ayuntamiento a devolver el salario dejado de percibir
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga ha estimado el recurso presentado por un agente de la Policía Local de Málaga y ha anulado la sanción disciplinaria de seis meses de suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta por el Ayuntamiento de Málaga.
La sentencia, que fue declarada firme el pasado 3 de marzo, da la razón al policía local D. O. M., quien recurrió la resolución municipal dictada el 20 de junio de 2022. Dicha resolución le sancionaba por una presunta falta muy grave de insubordinación.
Según el expediente sancionador, los hechos se remontan al 28 de diciembre de 2021, cuando el agente mantuvo una conversación con el Intendente y Jefe de Sección de la Jefatura de Policía de Barrio de Carretera de Cádiz. La Administración calificó ese encuentro como una discusión en tono “agrio y duro”, llegando incluso a describirse como una situación “cuasi violenta”. Tras la conversación, el expediente señalaba que el agente abandonó las dependencias policiales sin prestar servicio. Sin embargo, la defensa del agente, asumida por el área jurídica del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), sostuvo que los hechos no constituían la infracción imputada y que no existían pruebas suficientes que justificaran la sanción. Además, se aportaron informes médicos que acreditaban que el policía no se encontraba en condiciones psicofísicas óptimas en ese momento, circunstancia por la que había manifestado su negativa a portar el arma reglamentaria.
En su resolución, la magistrada-juez concluye que la sanción impuesta no se ajustaba a Derecho al no existir pruebas fehacientes que acreditaran los hechos imputados al agente. Por este motivo, el juzgado acuerda revocar la sanción disciplinaria.
La sentencia obliga al Ayuntamiento de Málaga a abonar al policía las cantidades dejadas de percibir durante los seis meses en los que permaneció suspendido de empleo y sueldo, además de asumir el pago de las costas procesales del procedimiento.
Desde SIP-AN queremos destacar que este fallo judicial reafirma la importancia de garantizar los derechos de los agentes y que cualquier procedimiento disciplinario debe sustentarse en pruebas sólidas y en el respeto al principio de legalidad.
